Cuando hablamos de cárteles, lo hacemos para referirnos a organizaciones ilícitas, generalmente implicadas en negocios tan oscuros como el tráfico de drogas, de armas, o incluso la trata de personas. Entenderéis por lo tanto que sea muy duro definir en esos términos las prácticas anticompetitivas que se habrían estado llevando a cabo en España en los últimos años por parte del sector del automóvil. En cualquier caso, la segunda acepción del término se aplica precisamente al convenio entre empresas similares para evitar la mutua competencia. Eso es lo que ha sucedido para que 21 empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles se enfrenten a 171 millones de euros de multa y para que la CNMC declare que, en efecto, existe (o existía) un cártel del automóvil en nuestro país. Y créeme, la existencia de ese cártel te ha afectado de una u otra forma. Y es por eso que os contaremos como han sucedido los hechos en 7 claves.
Hasta en la guerra, existen unas leyes que han de cumplirse. E incluso el mercado libre está regulado para defender a vendedores y consumidores.
1. Hasta en la guerra, existen unas leyes que han de cumplirse. El mercado libre también está sujeto a una serie de normas que han de respetarse. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha de velar porque se respeten esas normas, que a fin de cuentas han de velar por los intereses de vendedores y consumidores. Si los fabricantes y vendedores de automóviles presentes en España intercambian sistemáticamente (tal y como habría acreditado la CNMC) información confidencial, y sensible, sobre sus actividades de distribución y postventa, se pueden producir diferentes efectos, como que el coste del producto aumente. Pensemos que incluso sin un pacto de precios tácito, ese intercambio de información puede facilitar que en el