Si para algo positivo ha servido el escándalo Dieselgate de Volkswagen, ha sido para agilizar la puesta en marcha de un nuevo proceso de homologación para consumos y emisiones en base a condiciones reales de conducción. Pero la alegría ha durado poco, y es que, pese a que Europa ha actuado rápido, no lo ha hecho con tanta contundencia como esperábamos, estableciendo unos limites demasiado laxos que anteponen los intereses de los grandes fabricantes de automóviles al de los ciudadanos. Los beneficios empresariales antes que la salud.
En septiembre 2017 será cuando entre en vigor el nuevo proceso de homologación WLTP, como reemplazo del NEDC que se utiliza desde 1992. Si se mantuvieran las mismas condiciones que ahora, sería todo un reto para los fabricantes, pero Europa permitirá, entre septiembre de 2017 y enero de 2020, que se excedan las emisiones de NOx en un 110% con respecto a la normativa Euro 6 actual. Después se permitirá superar la normativa en un 50%. Esta decisión choca frontalmente con la propuesta inicial de permitir un 60% de exceso hasta otoño de 2019.
Estas medidas hacen que a partir de 2020, el límite máximo de emisiones de NOx sea de 120 miligramos por kilómetro, frente a los 80 actuales. Un absoluto retroceso. Han sido los principales países fabricantes de automóviles, Alemania entre ellos como principal fabricante europeo de automóviles, los que han peleado por unos márgenes laxos, alegando que medidas muy estrictas podrían perjudicar a la economía y al empleo, ya que implicarían grandes desembolsos en I+D e incrementarían notablemente los precios de muchos coches.
Es evidente que ante un cambio de semejante magnitud, con un nuevo proceso de homologación que hará evidentes las diferencias en emisiones y consumos, hay que ofrecer un periodo de adaptación. Puede ser perfectamente de dos años, para que desde