Por todos es sabido que los filtros de partículas de los vehículos diésel pueden ser problemáticos para aquellos conductores que acostumbran a conducir por ciudad en recorridos cortos, al igual que sucede con las válvulas EGR. Los problemas pueden manifestarse en forma de avisos para hacer regeneraciones forzadas en el taller o directamente, con averías irreversibles que implican la sustitución del filtro de partículas por uno nuevo, una reparación que puede costar más de 1.000 euros.
Dados estos problemas, son varios los conductores que optan por suprimir los filtros de partículas, como ha demostrado la última actuación de la Policía Nacional en la comunidad de Madrid en colaboración la fiscalía de medio ambiente. Una denuncia anónima ha llevado a la imputación de ocho responsables de talleres de Madrid por la eliminación ilegal de filtros de partículas en motores diésel.
Esta práctica constituye un delito contra el medio ambiente. La forma de proceder de estos ocho talleres consistía en vaciar el filtro de partículas y en efectuar una reprogramación de la centralita para que el vehículo no detectase anomalías y diese errores. De esta forma, además de evitar posibles problemas con el los DPF o FAP, también se conseguía un incremento de la potencia en los vehículos modificados, que eran capaces de pasar la ITV sin levantar sospechas.
Pese a ser una práctica ilegal, algunos de los talleres no lo escondían, ofreciendo el servicio en los propios talleres o incluso a través de Internet. Algunos de los talleres implicados colaboraban entre sí, al dedicarse unos a la parte mecánica y otros a la electrónica de esta operación. Pero estos ocho talleres podrían ser solamente la punta del iceberg, ya que se sigue investigando tras una estimación que habla de que en España podría haber unos 80 talleres que eliminan filtros de partículas. El coste