La seguridad vial se ha convertido en La República Popular de Bangladesh en una crisis institucional.*Estudiantes de todo el país han secundado una huelga que se ha prolongado durante días para exigir mejoras en la seguridad vial y la protección a los peatones. Tras la ola de protestas, el Gobierno estudia aplicar la pena de muerte a los conductores implicados en homicidios.
¿El desencadenante? Días antes, dos jóvenes fallecieron tras ser atropellados y otros resultaron heridos por un autobús que excedía los límites de velocidad.
Del libre albedrío a la pena de muerte
La ola de manifestaciones ha llevado al Gobierno a adoptar la posición más extrema posible: estudia implantar la pena de muerte para aquellos que cometan un homicidio al volante. El Ejecutivo estudia así implantar la pena capital «cuando la investigación demuestre que el homicidio tras el accidente fue deliberado», según el ministro de Justicia.
And these are #Bangladesh #Police who are appointed for our #safety. But they and with goverment rulling party people #BCL are beating students and behind them responsiblity to attack innocent #Students? Do they have any right?#WeWantJustice #RoadSafety #StepDownHasina #BCL pic.twitter.com/5aqfNqbhew— Hasanur Rahman 🇧🇩 (@hasanurrahmant2) 5 de agosto de 2018
Actualmente en Bangladesh se contempla una pena máxima de tres años de cárcel cuando hay víctimas mortales. La tasa de mortalidad por accidente de tráfico en el país asiático es del 12,8 % y gran parte de los siniestros se producen con autobuses. Además, hay una gran cantidad de conductores sin licencia.
Una reivindicación que se extendió como la pólvora
Daca, la capital de Bangladesh y situada al sur de Asia, fue tomada por adolescentes hartos de vivir la inseguridad de sus calles. «No queremos que ningún vehículo sin licencia circule por la calle. Los que no estén en condiciones de conducir no deberían obtener permisos, y no queremos