Para las administraciones de Madrid y Barcelona, el Dieselgate, destapado en 2015, «dificulta el éxito de las políticas públicas que se están llevando a cabo y pone en riesgo la salud de la ciudadanía». Así, estas dos ciudades se han unido a un manifiesto acordado en Bruselas junto a organizaciones europeas de medio ambiente en el que exigen que los fabricantes se responsabilicen de los vehículos manipulados.
También piden que la Unión Europea se implique a través de la creación de un fondo europeo que financie la lucha contra la contaminación atmosférica.
Poner fin al legado del Dieselgate
El Manifiesto se ha acordado en la Cumbre Europea sobre el Diésel que ha sido organizada por Eurocities, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (Transport & Enviroment) y la European Public Health Alliance.
En él se exige que los vehículos equipados con un software que altera los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes sean reparados, y piden que la Unión Europea se implique ya que hasta ahora esta medida sólo se ha llevado a cabo en algunos países de manera obligatoria, entre los que no se encuentra España.
También demandan que se cree un fondo europeo para reducir el número de vehículos contaminantes en circulación y alternativas sostenibles y públicas al transporte privado.
Reforzar la legislación a nivel europeo sobre emisiones de vehículos y marcos de prueba e incentivar el cambio a vehículos alternativos e invertir en infraestructura a nivel nacional son otras de las medidas que se piden.
En Motorpasión
Japón desterró el coche diésel cuando en