La demonización del diésel, iniciada con el escándalo del Dieselgate, se ha acentuado estos últimos años con las restricciones de circulación para los coches diésel que las grandes localidades, como Fráncfort o Roma van a poner en marcha de 2019. En los casos extremos se habla incluso de la prohibición de venta de estos coches (y de los de gasolina) en lugares como Dinamarca o las Islas Baleares, a partir de 2025. Claramente, en las grandes ciudades el diésel está perseguido, sin embargo es un coche que puede tener mucho sentido fuera de la ciudad, todo depende del coste del coche frente al de un gasolina equivalente. Y es algo válido, incluso cuando en un futuro se equipare el precio del gasóleo con el de la gasolina.
A raíz de las trampas hechas por Volkswagen en la homologación de algunos de sus motores diésel, las autoridades europeas decidieron retirar la situación de privilegio de la que gozaba este tipo de motorización. Durante décadas se favoreció el diésel mediante incentivos fiscales frente a la gasolina por sus bajas emisiones de CO₂. En países como España o Francia los coches que emitían menos de 120 g/km de CO₂ eran exentos del impuesto de circulación, en España, y de una penalización en la compra del coche, en Francia (cuanto más CO₂, más elevada la penalización).
Tras promover el diésel, ahora se le señala como el responsable de todos los males
La Unión Europea (UE) al imponer un límite medio de emisiones de CO₂ para las gamas de los fabricantes aprovecharon las bajas emisiones del diésel para cumplir con los objetivos y así evitar multas astronómicas. Pero con el Dieselgate se tomó consciencia que no todo era cuestión de CO₂