Los planes para restringir la circulación de vehículos antiguos en el centro de las ciudades se ha topado con detractores en todas las esferas: la ciudadana, la industrial, la del comercio y la política. Sobre todo esta última se afana, en el caso de ‘Madrid Central’ en tumbar el proyecto de la alcaldía.
Pero más allá de la polémica y los enfrentamientos existe un órgano que se encarga de proponer la legislación y de defender los tratados del día a día de la Unión Europea: la Comisión Europea (CE). Y es muy clara a la hora de imponer multas a los países que no cumplen con los objetivos de emisiones y de llevarlos ante el Tribunal de Justicia. Multas que pueden superar los 6 millones de euros en el caso de España.
La silenciosa batuta de la CE en un ruidoso concierto
Cada año, la CE elabora un informe anual sobre su seguimiento de la aplicación de la legislación de la Unión Europea. En 2017, la Comisión inició 716 casos de infracción y el área que más irregularidades acumuló fue la de Medio Ambiente (173), seguida de la de Movilidad y Transporte (155) y Estabilidad financiera y servicios financieros (84).
Es importante poner en contexto cada ‘capa del pastel’ y recordar que aunque la guinda esté rebosante de polémica, es la base del pastel la que posibilita su existencia: el aumento global de temperaturas. En esa capa encontramos el Acuerdo de París -que ya está algo rancio- y el compromiso de todos los países para evitar que la temperatura global aumente más de 1,5 grados a mitad de siglo.