Estos días nos sorprendía el anuncio de la prohibición a los vehículos con motor de combustión interna, a los diésel y la gasolina, empezando por su venta en 2040, y su circulación en 2050. Este aspecto, que aparecería reflejado en el borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, habría logrado que toda la industria del automóvil en España, las marcas aquí presentes, la red de distribución, y los fabricantes afincados en el país, se pongan de acuerdo para rechazar el proyecto y, sobre todo, el punto en que se aboga por la prohibición de los vehículos de combustión interna, a pesar de que los plazos que se manejan son muy parecidos a los ya anunciados en otros países de la Unión Europea. ¿Tiene la industria del automóvil motivos para quejarse?
La industria cree que la prohibición del diésel y la gasolina es excesiva y acelerada
ANFAC calificaba la medida de “excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos”. Aunque la prohibición de la venta de vehículos de combustión interna no comenzaría hasta 2040, y habría que esperar más de veinte años para que entrara en vigor, y quedarían más de treinta años para la prohibición de la circulación, la industria entiende que no podrá renovarse el parque automovilístico sin un plan de achatarramiento radical. Mientras Alemania o Reino Unido han invertido cifras sobre los 1.000 millones de euros, y 1.500 millones de libras, respectivamente, para apoyar la compra de vehículos ecológicos, y mejorar las infraestructuras de carga, España solo ha dedicado 74,5 millones de euros a tal cometido en los últimos cinco años. Probablemente este sea uno de los mejores argumentos de la industria, y de la ciudadanía, que entiende que el camino hacia una movilidad con coches de cero emisiones exige un apoyo económico, especialmente a la vista