La Justicia está dando la razón a empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify al desestimar demandas interpuestas contra estas compañías por actuar presuntamente como servicios de taxi. Esto es, por captación ilícita de clientes.
Según informa El País, varios tribunales ordinarios están anulando las sanciones que imponen con asiduidad las Administraciones españolas por carecer las sentencias de respaldo jurídico. Aún hay cerca de 2.000 reclamaciones pendientes contra estas empresas de VTC.
Las sanciones más recurrentes, anuladas por falta de pruebas
Las empresas de VTC se han enfrentando en los tribunales a las mismas sanciones una y otra vez:
Captación ilícita: esta es una de las sanciones más comunes a las que se enfrentan los conductores de empresas como Uber y Cabify, y que ascienden a los 600 euros. Se consideran infracciones graves de acuerdo al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1990 por estacionar en la vía pública sin haber sido contratados previamente a través de la app.
Acceso al centro de las ciudades: las asociaciones de taxistas también han pedido que se impida el acceso de VTC al centro de ciudades como Granada, Córdoba o Barcelona, sin éxito (es decir, se ha tumbado el Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona impulsado por Ada Colau).
No rellenar la hoja de ruta o rellenarla de forma incompleta.
Madrid y Cataluña han impuesto más de 1.300 sanciones a las plataformas de VTC https://t.co/2t4JhlUsv0 vía @diarioAyE— Federación Española del Taxi (@Fedetaxi) 12 de septiembre de 2018
La mayoría de estas demandas -impulsadas por el sector del taxi- han sido rechazadas «porque la actividad probatoria ha sido insuficiente», explica El País, y porque solo con la denuncia de un agente no es