Después de unos meses de calma tensa y demostraciones de fuerza, tenemos un nuevo episodio en el culebrón del sector del taxi y de las VTC, en este caso proveniente de una nueva jugada orquestada desde la Generalitat de Catalunya.
Este movimiento tiene un objetivo claro, y es limitar la capacidad de reacción de Uber y Cabify, devolviendo a las VTC al formato tal y como se ha conocido durante décadas: el de alquiler de coches con conductor exclusivamente con antelación y bajo contrato.
Una soga para el cuello de Uber y Cabify
El Real Decreto-ley 13/2018 del 28 de septiembre modificó posiblemente para siempre el panorama de las VTC. El Gobierno de Pedro Sánchez se quitó de encima el marrón del conflicto taxis vs VTCs mediante una reforma normativa del marco regulatorio con el que se transferían las competencias del Ministerio de Fomento a las Comunidades Autónomas.
En realidad el Gobierno no hizo ningún cambio significativo, ni concedió (más) beneficios a los taxistas ni puso palos en las ruedas a los proveedores de automóviles de alquiler con conductor (VTC), simplemente le pasó la patata caliente a administraciones de rango inferior, con un supuesto impacto financiero derivado.
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Según algunos documentos que han sido filtrados a El Confidencial, el primero de estos movimientos con las competencias transferidas de facto a las Comunidades Autónomas no ha tardado en llegar. Según informa el diario la Generalitat