Las cuentas de la DGT, otro año más, siguen sin encajar. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que audita al sector público estatal, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un duro informe en referencia a 2018 que así lo pone de manifiesto, e incluso habla de un balance económico que no representa «la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera» de la Jefatura Central de Tráfico al cierre del año pasado.
La IGAE ha resuelto su valoración con una opinión «desfavorable» puesto que considera que a su entender existe «falta de control», «cálculos erróneos», «falta de fiabilidad en la información», «datos contradictorios», y un «incumplimiento de los principios contables y presupuestarios», entre otras valoraciones negativas.
En este sentido, el documento pone de relieve que, «como en ejercicios anteriores, el organismo no reconoce los ingresos en contabilidad derivados de sanciones cuando dichas sanciones son firmes, sino que contabiliza los ingresos cuando recibe el importe transferido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), quien realiza la gestión de cobro en vía ejecutiva, y en consecuencia, no están registrados en contabilidad los no cobrados en periodo voluntario, ni los derechos de cobro correspondientes».
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De esta forma, se infringe el principio de devengo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) y la Norma de Reconocimiento y Valoración 16, cuyo apartado 4 establece que el ingreso debe reconocerse en el momento