El Gobierno ha declarado de utilidad pública a las infraestructuras de recarga ultrarrápida con potencia superior a 250 kW, a fin de facilitar el despliegue de una red suficiente de estaciones de recarga de alta potencia y tratar de acabar así con la «ansiedad de rango o ansiedad de autonomía».
Un obstáculo que «desincentiva la adquisición de este tipo de vehículos» por parte de los ciudadanos, tal y como se describe en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se han aprobado medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, anunciadas previamente en rueda de prensa la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Nuevo empujón al coche eléctrico
La ministra explicó que el Ejecutivo busca de esta manera dar «impulso a la red de recarga ultrarrápida en las carreteras, autovías y autopistas», con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico.
Pero ¿qué supone la declaración de utilidad pública de la infraestructura de recarga eléctrica de más de 250 kW? Básicamente, permite simplificar los trámites y tiempos necesarios para su aprobación, instalación y puesta en funcionamiento.
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Un hecho que ya pidió ANFAC en su ‘Plan Automoción 2020-2040’, aunque la patronal de fabricantes del automóvil solicitó en su informe ejecutivo que dicha catalogación acogiese a los puntos de carga de más de 150 kW.
De esta forma, el Artículo 4.8.2 del Título