Mucho se ha hablado del afán recaudatorio por parte de la Dirección General de Tráfico, y que su único objetivo es generar una acaudalada fuente de ingresos para lar arcas del Estado a base multas no siempre impuestas de forma coherente. Es un tema delicado, y personalmente me gustaría pensar que el organismo dirigido por Pere Navarro vela por nuestra seguridad. No obstante, sea como fuere, según AEA (Automovilistas Europeos Asociados) el 50 % de las multas recurridas ante los tribunales acaban siendo anuladas, total o parcialmente, lo cual resulta un tanto «anecdótico».
No son todas las multas acaban siendo recurridas: bienvenido «pronto pago»
Esta afirmación se basa datos de la AEA, en los cuales, de los 14.804 recursos planteados a los tribunales entre 2017 y 2020, el 49 % tuvieron un resultado positivo para sus defendidos, anulando total o parcialmente la sanción impuesta, y hasta incluso obligando a la DGT a pagar las costas judiciales, las cuales ascienden a unos 400 €. De hecho, estamos ante una tendencia creciente de estas «multas indebidas», pues en el periodo correspondiente a los años comprendidos 2011 y 2016 esta tasa de nulidad era del 35,36 %.
Sin embargo, llegados a este punto es preciso tener en cuenta dos factores importantes que pueden decantar la balanza hacia el lado del afán recaudatorio, o hacia el de velar por nuestra seguridad. Por un lado, la AEA habla de anulaciones sobre multas recurridas, lo cual tiene una doble lectura, ya que no se recurren todas las sanciones, por lo que se abre la posibilidad a que existan más sanciones indebidas, pero tampoco debemos perder de vista que cuando se recurre una multa es porque se tiene una certeza muy considerable de ganar ese recurso, y por tanto, partimos de una una sanción dudosa, por lo que es normal