Como bien sabes, se acaba de aprobar la polémica reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Ya te hemos contado todos los cambios que incluye esta normativa, como por ejemplo, la eliminación del margen extra de 20 km/h sobre el límite genérico a la hora de realizar adelantamientos en carreteras secundarias. Esta puede ser una medida polémica, pero la normativa esconde muchos matices. Uno de ellos es la creación de una sanción genérica para aquellos que accedan sin autorización o de forma indebida a una zona de bajas emisiones.
A partir del año 2023, según la Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático aprobada por el actual gobierno, todo municipio en territorio español con más de 50.000 habitantes tendrá que disponer de una zona de bajas emisiones (ZBE). El objetivo es claro: reducir el número de vehículos en circulación, y fomentar el uso del transporte público. El Gobierno incluso ha abierto la puerta a la instalación de peajes urbanos en ciertas ZBE, una medida aun más polémica que no quiero discutir en este artículo – que me conozco, y me enciendo.
La reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial no entrará en vigor hasta marzo de 2022.
Para vigilar el cumplimiento de las restricciones a la circulación derivadas de las ZBE se empleará el sistema de etiquetas medioambientales de la DGT, que ya conocemos desde hace años. En una primera fase, serán los coches sin etiqueta los coche tengan prohibido acceder a las ZBE, y en un futuro, se podrá incluso discriminar por el resto de etiquetas. Los vehículos con etiqueta ECO tendrán, en principio, vía libre hasta dentro de bastantes años. Sin embargo, ciudades como Barcelona pronto pondrán coto también a los vehículos con etiqueta B.
La problemática de las zonas de bajas emisiones es amplia y