El pasado 17 de julio el Gobierno de la Comunidad anunció que modificará en septiembre la Ley 20 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos para regular y profesionalizar el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC).
Se contempla así un nuevo régimen sancionador en la ley de 1998 y la posible eliminación de tener que contratar con antelación, uno de los principales caballos de batalla. Una decisión que no ha gustado al sector de taxi, que asegura que ha sido dejado de lado y que supone una precarización de su sector.
Liberalizar el sector para que puedan coexistir
El consejero delegado, Ángel Garrido, anunció la modificación de la ley tras reunirse con los presidentes de las principales asociaciones del sector VTC y con responsables de Uber -que acaba de despedir al 30 % de su plantilla en España- y Cabify para reconocer «su compromiso» y presentarles el distintivo con el que se agradece su labor durante la alerta sanitaria.
En concreto, se trabaja ya en un borrador para introducir la actividad de arrendamiento de vehículo con conductor como transporte discrecional de viajeros -es decir, no sometido a regla, sino al criterio de una persona o autoridad- y se establecerá el marco jurídico necesario para llevar a cabo la profesionalización del sector, con la exigencia de determinados requisitos para ejercer como conductor de VTC «similares a los existentes para los taxistas», según explica la Comunidad.
Además, se modificará el régimen sancionador existente para adecuarlo a la nueva realidad del sector, recogiendo nuevos hechos infractores concretos y revisando su gravedad, atendiendo al impacto en la competencia entre empresas, entre otros aspectos.