Durante estas semanas se está discutiendo la posible implantación de un sistema de pago por uso de la red viaria de alta capacidad. El Gobierno incluso ha estimado una fecha para la implantación de este sistema, que podría cambiar para siempre la forma que tenemos de movernos, ya que incluso abre la puerta al pago por uso de carreteras convencionales. En paralelo, están revirtiendo a titularidad estatal algunas concesiones de autopistas de peaje. Y la noticia es que esta eliminación de algunos peajes también nos está costando mucho dinero.
Como habrás leído en la anterior frase digo «nos está costando mucho dinero» porque las arcas públicas se nutren del dinero que tú y yo, como contribuyentes, aportamos religiosamente en forma de impuestos, tributos y tasas. La noticia no es que el 31 de agosto se libere una gran parte de tramos de peaje de la AP-7 (concretamente los tramos Barcelona-La Jonquera, El Papiol-Montmeló y Tarragona-Barcelona), la noticia es que el Gobierno tendrá que indemnizar a Abertis con nada menos que 1.291 millones de euros a causa de este cambio de titularidad.
En agosto pasan a titularidad pública 340 km de la autopista de peaje AP-7.
La cifra ha sido desvelada en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas, el plan que materializa los compromisos que España tendrá que adquirir para recibir los 140.000 millones de euros del Plan de Recuperación – recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia del Coronavirus. ¿Por qué tiene el Gobierno que indemnizar a la concesionaria? El origen de esta indemnización proviene de un largo conflicto legal entre el Grupo ACS – propietarios de Abertis – cuyo origen es un convenio firmado con el estado en el lejano año 2006.
No sólo autopistas: técnicos de la Administración quieren peajes también en carreteras convencionales
Lo que parecía una propuesta