Extremadura se ha blindado ante una posible fuga de recursos fuera de la comunidad; unos recursos extremadamente valiosos en el contexto actual, puesto que se trata de sus reservas de litio.
El Gobierno de la región lo ha hecho a través de un decreto-ley que establece que cualquier empresa que se niegue a transformar el litio en Extremadura, será expropiada. Una vez se apruebe este mismo mes, los beneficios deberán quedarse en la región.
El litio, un recurso de interés general
La Junta de Extremadura ha declarado de interés general este mineral clave para la fabricación de baterías, tanto de coches eléctricos como de cualquier dispositivo electrónico y para el almacenamiento energético.
Este decreto-ley busca evitar que los beneficios salgan de Extremadura, que obligará a las explotaciones mineras a aceptar que el litio se trate dentro de la comunidad.
Esto incluye la explotación, almacenamiento, preparación, concentración o beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos regulados en la Ley de Minas, incluyendo las labores de rehabilitación de los espacios afectados por la actividad minera.
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Aquellas que se nieguen no obtendrán el permiso de explotación y sus instalaciones saldrán a concurso.
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