En la COP16 en Colombia, 200 países debaten sobre cómo financiar los 700.000 millones de dólares anuales necesarios para restaurar la biodiversidad mundial. Los países ricos prometieron 20.000 millones para 2025, pero los fondos no se materializan, lo que ha generado frustración entre las naciones en desarrollo. La falta de acuerdo sobre la distribución y los préstamos en vez de subvenciones amenaza el avance en otros temas clave, con el reloj avanzando en la carrera para salvar ecosistemas.
Conflicto en torno al financiamiento de la biodiversidad en la COP16
La cumbre de biodiversidad COP16 en Colombia ha puesto en evidencia la brecha entre países desarrollados y en desarrollo sobre la financiación para la conservación de la naturaleza. La ONU ha establecido una meta anual de 700.000 millones de dólares para preservar y restaurar los ecosistemas, pero gran parte de este dinero aún no tiene una fuente clara. Hasta ahora, los países ricos solo han comprometido públicamente una fracción de su “parte justa” en fondos de biodiversidad, con un total de 163 millones de dólares adicionales anunciados por ocho países en el “día de financiamiento” de la cumbre. Sin embargo, este compromiso es apenas el comienzo: expertos en el campo como Alice Jay, de Campaign for Nature, enfatizan que para cerrar la brecha de financiamiento, los países desarrollados deberían comprometer 300 millones de dólares mensuales hasta 2025 y continuar a este ritmo cada año hasta 2030.
Para las naciones en desarrollo, el financiamiento es esencial, no solo para preservar su biodiversidad, sino también para reducir los impactos económicos de su conservación. “La falta de financiamiento es el principal obstáculo,” declaró Inger Andersen, jefa de ONU Medio Ambiente, y destacó que países con ecosistemas clave no podrán implementar sus planes sin recursos externos. Activistas y representantes del grupo de África también expresaron su frustración, señalando la responsabilidad de los países ricos de cumplir con sus promesas para compensar los desequilibrios generados por años de degradación ecológica.
Un debate sobre préstamos, subvenciones y control de los fondos
La falta de avances también se debe a desacuerdos sobre cómo deben distribuirse los fondos. Actualmente, el mecanismo principal de financiamiento es el Global Biodiversity Framework Fund (GBFF), administrado por el Global Environment Facility (GEF). Sin embargo, Brasil, los países africanos y otros en desarrollo argumentan que los requisitos del GEF son difíciles de cumplir y que el fondo está excesivamente controlado por los países ricos, dificultando el acceso a los recursos. Algunos de estos países proponen la creación de un fondo independiente para facilitar el financiamiento directo a comunidades locales e indígenas, quienes muchas veces ven pocos beneficios de los fondos actuales a pesar de ser guardianes de la biodiversidad.
Otro punto crítico en las discusiones es el papel de los préstamos. Un estudio reciente revela que el 80% de los fondos adicionales entre 2021 y 2022 se otorgaron en forma de préstamos en lugar de subvenciones. Países como Francia han entregado hasta el 87% de sus fondos para biodiversidad en forma de préstamos, una práctica que muchos consideran contraproducente. Activistas por la justicia climática argumentan que los préstamos solo aumentan la deuda de los países vulnerables, obstaculizando sus esfuerzos para implementar medidas de conservación. Mientras las negociaciones avanzan lentamente, la falta de consenso en estos temas financieros amenaza con estancar otros puntos de la agenda en la COP16, cuyo éxito depende de lograr un acuerdo sobre el financiamiento para asegurar un futuro sostenible para la biodiversidad.
La urgencia de un compromiso global y el papel de las subvenciones
El financiamiento para la conservación de la biodiversidad se ha convertido en la “patata caliente” de la COP16, pues es el punto central que afecta todas las negociaciones. Sin un acuerdo sobre cómo financiar los 700.000 millones de dólares anuales necesarios, el avance en otras áreas clave es limitado. Los países en desarrollo, que albergan gran parte de los ecosistemas más ricos del mundo, argumentan que las contribuciones en forma de préstamos no son suficientes y demandan subvenciones que no generen mayores deudas. Según el activista Oscar Soria, del grupo The Common Initiative, la postura de los países ricos hasta ahora ha sido “insuficiente” para enfrentar la magnitud de la crisis ambiental.
Algunos países en desarrollo también presionan para que se reconozca el impacto de la deuda en sus capacidades de financiamiento para la conservación. Estos países, que suelen ser los más afectados por la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, ven limitado su margen para invertir en resiliencia ambiental debido a cargas de deuda elevadas. Una propuesta en la mesa sugiere que los países más ricos no solo deberían financiar estos esfuerzos con subvenciones, sino también explorar mecanismos de alivio de deuda como parte de sus compromisos ambientales.
Redistribuir subsidios dañinos: una estrategia fundamental
Parte de los fondos necesarios podrían provenir de la reasignación de subsidios perjudiciales para el medio ambiente. Según un informe del Banco Mundial, los gobiernos gastan actualmente alrededor de 1.25 billones de dólares al año en subsidios para actividades que contribuyen a la destrucción de la biodiversidad, como la agricultura intensiva, la ganadería y el desarrollo de combustibles fósiles. Reorientar estos subsidios hacia prácticas sostenibles sería un paso clave para reducir el financiamiento necesario, proporcionando hasta 500.000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, hasta la fecha, solo 36 países han identificado estos subsidios en sus presupuestos públicos, y el progreso ha sido escaso. La reasignación de estos recursos ha sido lenta debido a intereses económicos y presiones políticas. Los defensores de la biodiversidad insisten en que la eliminación de estos subsidios podría reducir significativamente la dependencia de financiamiento externo y permitir que los países implementen políticas de conservación sin una carga financiera adicional. La COP16 enfrenta así la tarea de equilibrar intereses nacionales con la urgencia de salvar la biodiversidad global, en una negociación donde el tiempo y los recursos son cada vez más escasos.
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