La presunción iuris tantum es un mecanismo legal imprescindible en todo modelo jurídico justo, pero en ningún caso una verdad absoluta inquebrantable. En términos coloquiales, esa presunción es aquella que admite que la palabra de un agente de la ley, por ejemplo un Guardia Civil, es en sí misma una prueba del delito o infracción cometida. El valor probatorio de la palabra de ese agente basta, por ejemplo, para que nos pueda llegar una multa de tráfico por hablar por el móvil, no utilizar el cinturón de seguridad, o cualquier otra infracción sin que exista una prueba documental, como una fotografía de un radar de velocidad. Pero entonces surge el problema. ¿Y si el agente no ejerce con honestidad su trabajo? Esa ha sido la razón que ha llevado a un agente de la Guardia Civil a ser condenado a 3 años de prisión, y evidentemente también a inhabilitación y suspensión de empleo y sueldo.
La Audiencia Provincial de Madrid habría probado que el agente actuó abusando de su función y condición de agente de la ley.
Lo importante del caso está precisamente en el hecho de que la víctima de lo que el Tribunal Supremo considera un “abuso de su función y condición” pudiera demostrar su inocencia en las multas que se le atribuían. Según la Audiencia Provincial de Madrid que ha dictado la sentencia, las multas habrían llegado como consecuencia de un incidente en carretera, en el que la víctima fue sorprendida por un coche que frenó sorpresivamente, sin motivo aparente, y recriminó un incidente anterior.
La Audiencia habría dictaminado que tras el incidente, el agente condenado habría acudido a su puesto de trabajo, habría averiguado quién era el conductor del coche con el que tuvo el incidente y como represalia habría extendido dos boletines de denuncia firmados con su propia