Hace unos meses mi compañero David Villarreal nos hablaba sobre el nuevo etiquetado de emisiones que la DGT ha aprobado para los automóviles. Este etiquetado clasifica a todos los vehículos en función de su nivel de emisiones. Hasta el momento, el etiquetado sólo lo he visto en los smart fortwo eléctricos que circulan por Madrid como parte del servicio car2go de Daimler. Pero las implicaciones de este etiquetado de eficiencia auguran un futuro complejo: ¿quién va a pagar las consecuencias del etiquetado? ¿Y si tengo un coche entrado en años?
De momento, la instalación del distintivo de emisiones de la DGT es voluntaria.
Vamos a refrescaros un poco la memoria. Este etiquetado de emisiones ha sido creado por la DGT, y quiere diferenciar a los vehículos en circulación según su nivel de emisiones contaminantes. Este etiquetado rompe con todo lo hasta ahora conocido, desligando de sus emisiones de dióxido de carbono la “contaminación” emitida por el coche. Durante años y años se ha ligado la carga impositiva y el Impuesto de Matriculación al nivel de emisiones de CO2 del coche. Gracias a sus menores emisiones de CO2, el número de coches diésel creció de forma espectacular en nuestro país, impulsado por una fiscalidad favorable y un combustible más barato.
Al cabo de los años, esta situación provocó una derivada perniciosa. La contaminación en las grandes ciudades aumentó de forma considerable, y desde Europa se comenzaron a administrar tirones de orejas a nuestra administración. También se descubrió que las emisiones de óxidos de nitrógeno – conocidos habitualmente como NOx – y partículas en suspensión de los motores diésel son dañinas para nuestra salud. Esto ha provocado un aumento en el control de emisiones a los coches diésel, dotándolos de complejos y costosos sistemas anticontaminación – como los filtros de partículas o el