El sector del automóvil en Venezuela lleva varios años de capa caída. La situación que vive el país, con el enrocamiento en el poder de Nicolás Maduro, es insoportable. La economía de uno de los países más ricos del mundo (en materias primas) está hundida y su recuperación no parece visible en el corto plazo. Máxime cuando están asfixiando a las multinacionales con elevados impuestos, imposibilidad de acceder a divisas extranjeras y en último extremo les expropian sus instalaciones productivas.
General Motors es la empresa agraviada por el gobierno de Venezuela en esta ocasión. Al parecer, un concesionario de la capital, Caracas, la denunció hace 17 años porque el grupo americano le retiró la licencia de concesionario por un “ineficiente desempeño”. Este proceso judicial lleva abierto más de una década y parece que se ha resuelto a favor del denunciante pues General Motors ha visto cómo pierde su fábrica de Valencia.
El conglomerado americano inició su actividad industrial en Venezuela en el año 1948 y durante estos años su actividad ha sido estable. La situación que vive ahora General Motors es similar a la que otras empresas extranjeras han vivido. En base a la resolución judicial, que señala a la multinacional americana como culpable, el gobierno venezolano ha expropiado su fábrica. Además, esta no ha sido la única instalación que ha caído en manos del gobierno, pues también se habrían quedado con un concesionario de Chevrolet situado en la ciudad de Maracaibo.
La planta de Valencia (situada a unos 150 kilómetros de Caracas) tiene una capacidad productiva de 45 mil unidades anuales y da trabajo a unos 2.700 trabajadores. Tras su cierre por parte del gobierno del país éstos han perdido su puesto de trabajo y han quedado en la calle. Además, no sólo afecta a lo trabajadores, sino que los 79 concesionarios