Aunque parezca que van bien, las ventas de vehículos (turismos e industriales) en España no van al ritmo que deberían. El canal más importante, los particulares, sólo ha visto incrementado su volumen de ventas en un 2 por ciento en lo que llevamos de año. Por tanto, quienes están tirando de las ventas en nuestro país son los autónomos y empresas junto con las alquiladoras.
Esta situación la conoce bien el Gobierno de nuestro país y por ello se habrían puesto manos a la obra para confeccionar una nueva entrega del Plan PIVE. Este incentivo a la compra de vehículos eficientes reporta más beneficios económicos al gobierno de lo que pensamos, pero por la situación de inestabilidad que tiene el partido que gobierna, hasta ahora no lo han podido plantear.
En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del estado para el 2017 el ejecutivo ha destinado una partida de 66,6 millones de euros para ayudas a la adquisición de vehículos. Esta cuantía se distribuirá entre el nuevo Plan PIVE y la renovación del Plan MOVEA. Sin embargo, parece que las reglas para que nos beneficiemos de estas ayudas se podrían ver alteradas respecto a entregas anteriores.
Según hemos podido saber, este proyecto plantea que las ayudas no se apliquen a la adquisición de un vehículo nuevo, siempre que tenga motorización diésel. En este texto los vehículos que tienen cabida están movidos por motorizaciones gasolina, híbridos, eléctricos y aquellos adaptados para utilizar gas licuado de petróleo o gas natural comprimido. Por tanto, los vehículos diésel parecen quedarse fuera del próximo Plan PIVE.
Sin embargo, desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) han pedido al Gobierno de España que incluya a los modelos diésel en su Plan PIVE. A esta petición el Ministerio de Economía y Competitividad sólo ha respondido para