En el verano de 2015, hace ahora exactamente dos años, la CNMC dictaba una resolución por la cual se imponía una sanción de 131 millones de euros a la mayoría de los fabricantes y distribuidores de automóviles de España y de 53 millones de euros a más de 100 concesionarios. La razón no era otra que la investigación que llevó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a determinar que tanto fabricantes, como concesionarios, habían formado un cartel, en ocasiones aprovechando las consultoras con las que trabajaban, para compartir información sensible que, en la práctica, se habría utilizado para organizar un pacto de precios tácito. Aquel dictamen llevó a una asociación de consumidores, la OCU, a organizar una acción para unir a todos aquellos consumidores afectados que hubieran comprado un coche en 2006 y 2013 y solicitar una indemnización por daños y perjuicios a los denunciados, en tanto estimasen sus derechos han sido vulnerados. ¿Qué ha sucedido desde entonces?
La resolución de la CNMC, por los acuerdos prohibidos por la Ley de Defensa de la Competencia, ciertamente abría la puerta a una demanda por daños y perjuicios. Para ello, no solo no era necesario agruparse en una acción conjunta como la iniciada por la OCU, sino que cualquier persona o entidad que hubiera sufrido el perjuicio por esta acción podía presentar la correspondiente demanda.
Otra opción era la propuesta por la OCU, la de agrupar a los afectados y proceder con una acción conjunta que agruparía a miles de clientes. Una acción que actualmente no admite la inscripción de nuevos afectados, puesto que estas se cerraron a finales de octubre de 2015.
En octubre de 2015, la OCU había confirmado que más de 160.000 compradores se habían interesado por esta acción, de los cuales se llegó a la conclusión de