El Consejo de Ministros ha aprobado la normativa propuesta por el Ministerio de Fomento para frenar la expansión de las empresas de alquiler de vehículos con conductor como Uber y Cabify. Esta normativa incluye dos novedades:
Las licencias VTC no podrán venderse hasta pasados dos años desde su adquisición.
Las empresas deberán inscribir en un registro único estatal todos los servicios que presten, antes de llevarlos a cabo.
Buscando la «convivencia ordenada» con el taxi
Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, en el acto de presentación del Plan de Innovación para el transporte y las infraestructuras 2017-2020, el pasado mes de noviembre.
Fomento ha explicado que el nuevo marco legal obedece a la necesidad de mejorar la regulación en el sector de las VTC, de forma que se asegure la «convivencia ordenada» con el sector del taxi. También se persigue poner fin a las «prácticas especulativas» de quienes hayan podido hacerse con licencias de VTC para especular con ellas.
La reforma legal llega seis semanas después de conocerse una sentencia del Tribunal Supremo que avalaba la concesión de nuevas licencias VTC en la Comunidad de Madrid. De hecho, Fomento reconoce que no puede impedir la concesión de esas licencias, pero a la vez la norma matiza que los vehículos que utilicen esas licencias aprobadas por el Supremo deberán reunir los requisitos de la nueva normativa, con independencia de cuáles fueran los criterios vigentes al solicitar esas licencias.
Los números avalan parte de la tesis del Ministerio, en el sentido de que la concesión masiva de licencias VTC huele a burbuja en el transporte de viajeros. Fomento no se ha pronunciado, en cambio, sobre el problema de la especulación con las licencias de taxi, que castiga económicamente al sector desde que se congeló la concesión de