El Gobierno ha anunciado que en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 hay reservada una partida del 0,6 % para la compra de vehículos eléctricos, de gas, híbridos enchufables y para la implantación de puntos de recarga. En total, 50 millones que, seguro, sabrán a poco.
El Plan MOVALT 2017, que subvencionaba la compra de vehículos impulsados con energías alternativas, agotó su presupuesto de 20 millones de euros en 24 horas, al igual que ocurrió con los 15 millones destinados a la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos.
50 millones, o un 0,6 % «insuficientes»
El proyecto contempla, además de 50 millones para financiar la movilidad ‘limpia’, diferentes partidas por importe de 16,6 millones de euros para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible, que estará gestionada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
La partida de este año para el Plan Movea, cuya denominación es posible que cambie, supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos convocatorias anteriores.
Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, enseñaban con ‘gracia’ en una tablet los Presupuestos Generales de Estado. «No hay recortes, hay moderación en el crecimiento del gasto», decía con tono indignado Montoro, dirigiéndose a la prensa.
Eufemismos a parte, ya hay voces que se han alzado para decir que esos 50 millones son «insuficientes», tal y como se ha declarado desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), que cree que es necesario un plan «estable» de incentivos a la compra de vehículos alternativos que asegure la continuidad de las ayudas.
Lo cierto es que la experiencia con el Plan MOVALT vehículos y MOVALT infraestructuras del año pasado demostró que la gente quiere vehículos alternativos a los tradicionales de combustión interna. Los 35 millones