En medio del debate sobre la liberalización de las autopistas de peaje, la Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda colectiva contra la concesionaria de la AP-9, Audasa, por una práctica abusiva en el cobro del peaje del puente de Rande durante las obras de ampliación. Pide que se devuelvan todos los peajes a los consumidores que lo pagaron entre 2015 y 2018, y con intereses, pero excluye al sector del transporte.
Condiciones insuficientes de fluidez y seguridad durante tres años
Ponte da ría, en Pontevedra. Foto: Wikipedia/Adrián Estévez.
La AP-9 es una autopista gallega que va de Ferrol a Tuy -en la frontera con Portugal- y cruza de norte a sur el oeste de la comunidad de Galicia, atravesando las provincias de La Coruña y Pontevedra.
El principal argumento del Ministerio Público es que durante el periodo que duraron las obras de este puente que une los municipios de Redondela y Moaña, el tráfico se vio afectado debido a la reducción del número de carriles y de los límites de velocidad, y aún así el cobro del peaje fue íntegro.
Así, la Fiscalía de Pontevedra solicita no solo que se devuelvan todos los peajes pagados entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018 con intereses, si no que se indemnice por el doble del importe del peaje a todos los usuarios -que no sean profesionales del transporte- que acrediten haber estado expuestos a retenciones.
Los afectados deberán acreditar el pago de dichos peajes y, si no pueden demostrar el número de viajeros que viajaba en cada vehículo, la indemnización se abonará por vehículo.
En declaraciones del fiscal