Los reguladores antimonopolio de la Unión Europa tienen en el punto de mira un presupuesto de España destinado a la planta que tiene el Grupo PSA en Vigo. Se trata de 20,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y que España comprometió a la fábrica viguesa en 2017.

Aunque no se han desembolsado, la Comisión Europea sospecha que los fondos pueden incumplir las normas comunitarias sobre ayudas estatales regionales.

Las ayudas, en la cuerda floja

Lo que las autoridades europeas investigan es si esta inversión, iniciada por la Xunta de Galicia, puede llegar a favorecer a PSA sobre otros fabricantes.

En un comunicado de prensa publicado por la Comisión, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha explicado: «La Comisión investigará detenidamente si el apoyo previsto de España es realmente necesario para que Peugeot invierta en procesos de producción genuinamente innovadores en Vigo y si va a impulsar más la región sin afectar indebidamente a la competencia o dañar la cohesión en la UE».

Por otro lado, las inversiones de grandes empresas en instalaciones de producción existentes generalmente no son elegibles para recibir ayuda de inversión regional, excepto si permiten cambios fundamentales e innovadores en el proceso de producción que se aplican por primera vez en el sector en cuestión.

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En este sentido, la Comisión tiene dudas sobre si el proceso de producción planificado es lo suficientemente innovador para hacer una excepción.

Por su parte, el

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