España sigue en el punto de mira de la Comisión Europea (CE) por exceder los límites de contaminación. Mañana jueves 25 de julio, la institución comunitaria decidirá si denuncia o no ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a nuestro país por incumplir sistemáticamente los límites de dióxido de nitrógeno (NO₂) fijados desde Bruselas.
Así, España podría enfrentarse a una sanción económica, que partiría de los 6,5 millones de euros, según marcan los baremos de la UE, y que podría ascender a 500 millones de euros.
En mayo del año pasado, la CE dejó en suspenso el expediente sancionador contra España. Una tregua que venía marcada por el nuevo protocolo de contaminación adoptado en Madrid y, en los meses sucesivos, por una batería de medidas proyectadas por la capital de España (como Madrid Central) o el endurecimiento del protocolo de Barcelona.
No obstante, la reversión de Madrid Central, que se ejecutó de facto a principios de julio mediante una moratoria en las multas aprobada por el nuevo gobierno municipal de la capital española, ha puesto de nuevo el foco de Bruselas en nuestro país. Y pese a que las sanciones han vuelto a ser efectivas de forma cautelar ante el recurso presentado por asociaciones ecologistas, la CE ha vuelto a mover ficha.
Así, el Ejecutivo recibía hace dos semanas una carta de advertencia del comisario comunitario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en la que se exigía a nuestro país que tomase más medidas para reducir emisiones, considerando insuficientes las adoptadas hasta la fecha. La misiva fue remitida a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por ser las urbes que más contribuyen a superar los límites impuestos por la UE.